Nueva comisión especial sigue trabajando en desgastar al Gobierno por el manejo efectivo de la pandemia

En otra intención de revertir las cifras que reflejan un manejo efectivo de la pandemia de COVID-19 por parte del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, el bloque opositor legislativo acordó el pasado jueves la formación de una nueva comisión especial para investigar el manejo de la enfermedad.

Se trata de la cuarta mesa de ese tipo que los legisladores abren para enfilar sus ataques contra el Ejecutivo para entorpecer el trabajo de los ministros involucrados en la emergencia sanitaria, en lugar de contribuir de verdad a la lucha por salvaguardar la salud y la vida de los salvadoreños, lo que demostrarían ratificando y asignando el financiamiento que se requiere para combatir al virus.

Ahora estos partidos irán tras el trabajo del ministro de Salud, Francisco Alabi, uno de los funcionarios que ha estado al frente en la atención de la pandemia, pese a los bloqueos financieros y legales por parte de la misma Asamblea y la Sala de lo Constitucional.

El Salvador es el país de Centroamérica con la cifra más baja de casos de COVID-19, y el segundo con mayor cantidad de pruebas para detectar el virus. Es más, los detractores también han atacado la construcción del Hospital El Salvador, un centro asistencial de primer nivel que jamás se pensó en los últimos 30 años durante los gobiernos de ARENA y el FMLN.

El Gobierno condena que algunos legisladores sigan creando comisiones especiales con fines electorales. Ha quedado demostrado que estas mesas no tienen ningún resultado eficaz y que solo sirven para desviar la atención que requieren los temas prioritarios, como la reactivación económica de las micros, pequeñas y medianas empresas, otro sector que urge de ayuda inmediata y al que la Asamblea sigue dando la espalda con su negativa de ratificar los créditos internacionales.

Como lo ha dicho en varias ocasiones el Presidente Bukele, estos partidos y sus socios en otras instituciones como la Sala de lo Constitucional, la Corte de Cuentas, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y algunas universidades, como la UCA, prefieren ver fracasar al Gobierno con el colapso del sistema de salud, que en otros países ha supuesto una alarmante cantidad de fallecidos.