Superan las 8,000 multas impuestas al transporte colectivo por incumplimiento de las 11 Medidas Antiinflación
La estricta vigilancia de los precios de las tarifas del pasaje en el transporte público de pasajeros que mantiene el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, para evitar que los usuarios paguen más de lo autorizado, en el marco de la aplicación de las 11 Medidas Antiinflación, ha permitido imponer más de 8,000 esquelas por infracciones relacionadas a las alzas en la tarifa, según el Viceministerio de Transporte (VMT).
En el periodo del 12 de marzo al 22 de agosto de 2022, “ya intervenimos 10,258 unidades del transporte colectivo e impusimos 8,040 esquelas, de las cuales 1,124 refieren a la tarifa del pasaje”, detalló el director general de Transporte, Raúl López.
Las multas han sido colocadas por los gestores de tránsito del VMT y por agentes de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) durante los más de cinco meses tras la entrada en vigor de las 11 Medidas Antiinflación ordenadas por el Gobierno. Los controles vehiculares se mantienen, a diario, en al menos 100 puntos del territorio.
El paquete antiinflacionario fue anunciado por el Mandatario el pasado 10 de marzo, a fin de paliar los efectos de la crisis mundial, y proteger el bolsillo de los salvadoreños,
Además, se han abierto casi 60 procesos administrativos sancionatorios y retirado 182 permisos de circulación de unidades de autobuses y microbuses de las diferentes rutas.
Durante los cinco meses de aplicación del paquete antiinflación, el Gobierno ha sancionado 702 rutas de autobuses, de un total de 1,100 autorizadas a dar el servicio, efectuado hasta la fecha 91,262 actividades policiales en el afán de verificar el cumplimiento de estas, esperando abarcar el 100% de unidades al culminar el año.
De 562 denuncias recibidas de parte de los usuarios, relacionadas al alza de los pliegos tarifarios, 563 han sido atendidas y 399 están en proceso.
Desde la entrada en vigor de las 11 Medidas Antiinflación, han sido registradas 10 capturas y seis unidades decomisadas, 98 multas administrativas y 97 procesos de suspensión del subsidio, obteniendo un ahorro de $49,500 en las arcas del Estado.
Al aplicar el Decreto 257, que obliga a los transportistas a cumplir 19 requisitos para obtener el subsidio que les brinda el Gobierno, “hemos logrado ser más exigentes en los requisitos para la entrega de la compensación económica”, reiteró el funcionario.