Código de Salud permite enfrentar el COVID-19 y da validez a los cercos sanitarios, confirma ministro Alabi
A más de siete meses desde que el Gobierno del Presidente Nayib Bukele comenzó a enfrentar la pandemia de COVID-19, sin el respaldo de la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio de Salud, garante de la vida de los salvadoreños, sigue apegándose a la única herramienta con la que cuenta El Salvador para vencer al virus: el Código de Salud.
Esta normativa jurídica, según el ministro de Salud, Francisco Alabi, es la que ha permitido la implementación del cerco sanitario en Corinto y San Francisco Gotera, ambos municipios del departamento de Morazán.
La decisión, explicó el funcionario, “no es arbitraria” y es muy diferente a la que en su momento propuso la oposición política (ARENA-FMLN) que se enfocaba en lugares de alta densidad poblacional, sin basarse en criterios sanitarios.
“Lo que estamos haciendo en San Francisco Gotera y lo que hicimos en Corinto se basa en el Código de Salud, no son decisiones arbitrarias o que tienen un sesgo: cuando decidimos hacer un cerco es porque hay indicadores, hay factores epidemiológicos, hay niveles de riesgo, eso lo hemos medido y por eso es que lo que en su momento se planteó, por parte de otros sectores, no estaba justificado y respaldado en términos sanitarios”, explicó Alabi.
Este día el cerco sanitario sigue en San Francisco Gotera, con el apoyo del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional Civil (PNC), que, según Alabi, es parte del respaldo al Equipo Interdisciplinario de Contención Epidemiológica (EICE), un grupo de profesionales médicos que está haciendo la búsqueda intensiva de casos positivos de COVID-19 y sus nexos.
Además, participan salubristas, promotores sanitarios, laboratoristas, enfermeras y otros expertos que ayudan en esta tarea, que incluye reparto de mascarillas, alcohol gel y paquetes alimentarios.
Todo esto, explicó Alabi en una entrevista televisiva, tiene su base en el artículo 139 del Código de Salud, donde se le da la potestad al ministerio de declarar “zonas epidémicas sujetas a control sanitario” por parte de las autoridades.
Municipios como San José Villanueva (La Libertad) y San Miguel han implementado cercos sanitarios locales, pero no cuentan con el respaldo del Código de Salud y obviaron que la autoridad, por mandato constitucional en el tema sanitario, es el Ministerio de Salud.