Diputados de la oposición siguen con el guion de las interpelaciones a funcionarios del Gobierno en su desesperación por entregarles dinero a sus alcaldes
Los diputados del bloque de oposición ya adelantaron que votarán a favor de una interpelación contra el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, como una nueva medida desesperada dentro del mismo guion que estas bancadas han seguido para afectar el trabajo del Gobierno del Presidente Nayib Bukele en el manejo de la pandemia.
Esta vez quieren cuestionar en pleno al ministro Zelaya para presionar por la entrega de más recursos para los alcaldes de estos partidos opositores, quienes han urgido los fondos para supuestamente obras de beneficio de los ciudadanos justo a pocos días de las elecciones del 28 de febrero.
Sin embargo, este tipo de medidas antojadizas solo refuerzan que los legisladores continúan con su estrategia de fiscalizar al Gobierno y el trabajo de los ministros y otros funcionarios, con la intención afectar la imagen del Presidente Bukele, quien está en el primer lugar en el ranking de imagen presidencial entre todos los mandatarios de la Latinoamérica.
Así como lo hicieron por más de ocho horas con el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, los legisladores quieren impulsar un nuevo proceso de desgaste para el titular de Hacienda con una interpelación en la que estas bancadas acusarán al funcionario ante la impaciencia por llevarle dinero a sus alcaldes, para lo cual se han inventado decretos inconsultos y han hecho toda suerte de distribuciones presupuestarias sin sustento legal.
Los legisladores de Arena y Fmln ya adelantaron criterio y dijeron que sí procede la interpelación contra el ministro, acusándolo de cometer una ilegalidad como si la Asamblea Legislativa fuera una instancia judicial, tal como lo han hecho con otros funcionarios a quienes llamaron por apremio o montaron antejuicios fallidos para atacar el éxito del Plan Control Territorial, el buen manejo de la pandemia y el rol de la nueva Fuerza Armada.
A esto se suma la creación de leyes con el objetivo de sabotear las medidas sanitarias que desarrolla el Ministerio de Salud y la entrega de alimentos a la población, que no ha dejado de recibir los paquetes alimentarios desde mayo del año pasado.