Diputados salientes siguen desvinculados del mensaje de la población en las urnas y caen en ilegalidad al elegir dos veces a magistrados de la Corte Suprema de Justicia
El Gobierno de la República advierte que los diputados salientes continúan en una dinámica desvinculada del clamor ciudadano, al elegir dos veces durante la misma legislatura a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), incurriendo en una flagrante ilegalidad.
Los legisladores nombraron a Alfredo Rigoberto Méndez Peralta como magistrado suplente de la CSJ hasta el 30 de junio de 2021, así como a los abogados Óscar Antonio Canales Cisco y David Omar Molina Zepeda, quienes estarían en sus cargos hasta 2024.
“Ya todos nos dimos cuenta que aquí los famosos ‘baremos’ solo sirven para meter funcionarios corporativos y para sacar a los que no responden a los intereses de sus financistas. Cínicos”, manifestó el Presidente Nayib Bukele, en alusión a cómo sectores de la oposición y bancadas legislativas proponen mecanismos de evaluación de candidatos a magistrados, pero no los cumplen cuando trastocan sus intereses.
Esta decisión de los legisladores salientes confirma que hay un interés por manipular la CSJ por medio de magistrados suplentes, con la conformación de las Salas de lo Constitucional, Civil, Penal y Contencioso Administrativo para resolver procesos o demandas a favor de intereses particulares, lo que vulnera el Estado de Derecho y los procesos judiciales.
El Gobierno reafirma que la ley salvadoreña es categórica: una legislatura no puede elegir dos veces a magistrados de la CSJ, pues los diputados salientes ya escogieron a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional en noviembre de 2018.
Asimismo, hay sentencias de la Sala de lo Constitucional al respecto, como la de junio de 2012 que declaró inconstitucional la elección de magistrados de ese órgano de Estado que realizó la Asamblea Legislativa en 2006 y 2012.
Por todos estos elementos, el Gobierno del Presidente Bukele advierte sobre estas maniobras en contra de la legalidad y del interés de los salvadoreños, lo que se convierte en un golpe de la Asamblea Legislativa saliente contra la ciudadanía, en una clara manipulación de la institucionalidad democrática del país.