El Gobierno articula esfuerzos con la Asamblea Legislativa para castigar a los conductores peligrosos que infrinjan las leyes
El Gobierno no se detiene en la tarea de ejecutar acciones preventivas, a fin de crear espacios viales más seguros. El Viceministerio de Transporte (VMT) en coordinación con la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil instaló este lunes distintos controles al transporte colectivo y pruebas de alcoholemia.
En pocas horas luego de haber instalado los dispositivos se registraron 12 conductores sancionados por no portar la documentación en regla y un motorista de la ruta 152 sancionado por tener 82 mg/dl de alcohol en aire espirado.
Según estadísticas de la PNC, hasta el 3 de septiembre se contabilizaban 910 conductores peligrosos detenidos, mientras que en el mismo periodo de 2020 se registraron 844, es decir que hay un incremento del 8%.
En este sentido, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha presentado una serie de reformas a la Asamblea Legislativa con el propósito de concientizar a los conductores sobre la importancia del buen manejo y respeto en la vía, así como el cumplimiento de las leyes de tránsito para poder disminuir la accidentabilidad vial en el país.
A estas iniciativas hoy se sumó la bancada de Nuevas Ideas, quien presentó una propuesta para reformar el artículo 147-E del Código Penal con el fin de aumentar la pena en los casos de conducción peligrosa de vehículos automotores.
Actualmente, la pena es de 1 a 3 años de prisión para todo aquel que, mediante conducción peligrosa de vehículo de motor, transgrediere las normas de seguridad vial, poniendo en peligro la vida o la integridad física de las personas.
Con la reforma pasaría de 4 a 6 años. Mientras que, cuando se trata de conducción peligrosa en el transporte público de pasajeros o de carga, la pena actual es de 3 a 5 años, por lo que la propuesta es que esta incremente de 5 a 8 años.
Hay que recordar que, solo este año, el Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT) ha recibido 1,328 solicitudes de indemnización económica de víctimas de accidentes de tránsito, de las cuales el 60 % corresponde a lesionados y el 40% a familiares de fallecidos.