El Gobierno continúa con el esfuerzo para resolver los problemas heredados y hace los cambios necesarios para robustecer al sector energético

La energía está entre las apuestas principales que hizo el Presidente Nayib Bukele cuando asumió su mandato. Gracias al trabajo articulado de las instituciones, poco a poco ha sido posible atender deudas históricas de la población y fomentar la inversión en el ramo.

Las reformas que propuso el Órgano Ejecutivo para reformar la ley que rige a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y a la Ley General de Electricidad están orientadas a garantizar precios más accesibles y un mercado más eficiente.

El secretario de Comercio e Inversiones de la Presidencia, Miguel Kattán, explicó que el conjunto de modificaciones a la normativa “lo que generará es un ordenamiento del sector eléctrico y eso nos va a permitir un mejor control y precios más estables”.

Para cumplir con estos propósitos, el apoyo de la nueva Asamblea Legislativa es clave.

En el caso de CEL, se ha propuesto que su campo de acción ya no esté limitado a la energía hidroeléctrica, de manera que pueda ejecutar proyectos con más fuentes renovables de energía como la solar fotovoltaica, por ejemplo.

Además, el Gobierno busca eliminar la opacidad que rodeaba a las empresas subsidiarias de la autónoma, para que puedan ser objeto de investigaciones, auditorías o lo que sea necesario para la rendición de cuentas.

Esto va en sintonía de incorporar a CEL en el proceso de modernización del Estado, algo que ha sido un elemento común de la gestión del Presidente Bukele para todas las instituciones.

Respecto de las reformas a la Ley General de Electricidad, se plantea ratificar que la energía eléctrica es un servicio de interés público, es decir, enfocado en el bienestar de los hogares.

Por ello uno de los cambios más significativos es asegurar el pago equitativo a las empresas, en función de la calidad y la eficiencia.

En esta misma línea, las adaptaciones en la normativa proveen más herramientas al Estado para establecer pliegos tarifarios que cuiden el bolsillo de los más vulnerables y fortalece la estabilidad jurídica para los actores que participan en el mercado.

“Mientras haya sana competencia, mientras haya ordenamiento, vamos a tener beneficios todos los salvadoreños”, finalizó el secretario Kattán.