El Gobierno continúa disminuyendo la vulnerabilidad en comunidades con los proyectos de mitigación
Son decenas de obras preventivas las que está ejecutando el Gobierno simultáneamente en todo el país para evitar riesgos en la población, especialmente en aquellos lugares de alta vulnerabilidad.
Por ejemplo, hace varias semanas en la residencial Bello San Juan, ubicada en la carretera a Los Planes de Renderos, en San Salvador, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) trabaja en obras de mitigación para evitar que un talud pueda ceder con las lluvias.
Mientras que en la residencial Lomas de Miramonte, en San Salvador, se ejecutan obras preventivas que consisten en la conformación de bordas y la colocación de mallas de retención de basura en la quebrada Las Lajas. Estos trabajos se suman a los ejecutados en agosto de 2021 en este mismo sector, donde se eliminó un hundimiento de 20 metros de diámetro y 25 de profundidad.
Los equipos del MOP también se encuentran en la colonia Guzmán, de Santa Ana, desarrollando obras de protección consistentes en la construcción de drenajes de aguas lluvias, con la finalidad de prevenir las inundaciones que en cada invierno se producen en este populoso sector de la ciudad.
Los habitantes del reparto Las Cañas, en Ilopango, también por décadas han sufrido por una cárcava que amenazaba sus vidas, pero el Gobierno este mismo día entregará una solución integral y definitiva a esta problemática.
Adicional a estos proyectos, el Gobierno sacó ayer a licitación pública la construcción y supervisión de las obras de protección para la eliminación de una cárcava en la colonia Brisas de San Bartolo, Ilopango, San Salvador. Asimismo, anunció la licitación para la supervisión del diseño y construcción del proyecto, construcción del sistema de drenajes de aguas lluvias en la avenida Morazán, Sonsonate; y la supervisión del diseño y construcción de las obras de reconstrucción del colector de aguas lluvias en la residencial Lomas de Miramonte, San Salvador.
Los problemas en estos sectores vienen hace años, pero las autoridades anteriores no fueron responsables para ejecutar las obras requeridas, lo que agravó la situación en la mayoría de los casos poniendo en riesgo la vida y el patrimonio de miles de familias salvadoreñas.