El Gobierno del Presidente Bukele programa una inversión de $12.6 millones para obras que faciliten el acceso a vivienda el próximo año

El plan institucional de gastos e ingresos para el próximo año que diseñó el Presidente Nayib Bukele ha incorporado una serie de obras orientadas a facilitar el acceso a vivienda para grupos en desventaja y que, de manera estratégica, se incorporará en los planes de inversión estatal.

De acuerdo con la propuesta de presupuesto 2022 para el Ministerio de Vivienda, los proyectos de inversión pública aportarán $12.65 millones.

Así, para el proyecto “Dotación de Vivienda a Nivel Nacional”, se tiene previsto aportar $7 millones. Los fondos están distribuidos en cuatro programas que se respaldarán con los ingresos que llegan al Ejecutivo.

Aquí van incluidos “Mi Primera Vivienda”, el mejoramiento de los hogares, la atención a emergencias habitacionales y la construcción y dotación de este importante patrimonio para familias en condición de vulnerabilidad.

La institución también ha sumado los recursos necesarios para continuar con la iniciativa de las cooperativas de ayuda mutua, que buscan soluciones habitacionales para aplicarlas en el Centro Histórico de San Salvador. En este caso, con financiamiento externo, son $5.65 millones.

La Asamblea Legislativa ya comenzó el estudio del anteproyecto del presupuesto para el próximo año. El plan mantiene al área social como prioridad en las políticas públicas, con una proporción del 43 % del monto global planteado.

La demanda de un techo digno ha sido una deuda histórica, que el Presidente Bukele ha logrado abordar con resultados favorables para la población. Además del ministerio, hay otras entidades como el Fondo Social para la Vivienda (FSV) que han mejorado su oferta de servicios para llevarlos a más personas.

El FSV, por ejemplo, anunció que colocó $47.6 millones en créditos para vivienda que han beneficiado a 2,500 usuarias, como parte del programa Casa Mujer. Esta línea de financiamiento está orientada a madres solteras y a mujeres divorciadas o viudas (aunque no tengan hijos).

Estas son las intervenciones de alto impacto que promueve el Gobierno para poder garantizar el bienestar social y un desarrollo económico inclusivo y sostenible.