El Gobierno respalda aprobación de la Ley Especial sobre Trasplantes de Células, Tejidos y Órganos porque marca un paso más en la transformación del Sistema Nacional de Salud
La Asamblea Legislativa aprobó ayer la Ley Especial sobre Trasplantes de Células, Tejidos y Órganos, normativa que es respaldada por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, ya que con ello se da otro paso en la transformación del sistema de salud. Además, esta normativa brinda el marco jurídico necesario para mejorar las condiciones de muchos pacientes.
“Es una pena que hayan tenido que pasar más de 30 años, después del primer trasplante, para que pudiéramos contar con una ley verdadera e integral. En el pasado, este tema fue un negocio para muchos, pero le estamos poniendo fin” expresó la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Mónica Ayala.
El ISSS logró en 1985 el primer trasplante de riñón y hasta la fecha se han efectuado un promedio de 1,000. Con la nueva normativa se busca aumentar la disponibilidad de tejidos y células, basado en donaciones voluntarias no remuneradas, debido a que se trata de un acto altruista.
“Por años, el tema de trasplante de órganos había quedado olvidado, no se aplicaba la evidencia científica para obtener mejores resultados. Por temas económicos, existían prácticas donde se ponía en riesgo la vitalidad de los trasplantes” expresó el ministro de Salud, Francisco Alabi.
Esta aprobación incluye a donantes fallecidos. Hasta la fecha, en el país solamente se ha trabajado con donantes vivos; la ventaja de incluir a donantes muertos es que la mayoría de los órganos puede utilizarse para dar una oportunidad de vida a más personas. Se estima que un solo donador puede salvar hasta ocho vidas.
Otro de los beneficios de la Ley es significa una reducción de costos para el Estado. Actualmente, un año de tratamiento de hemodiálisis para una paciente cuesta $20,000 ($200,000 en 10 años), pero si se le hace un trasplante, el costo para el Estado -en esa misma cantidad de años- será de $60,000. Es decir, es un ahorro de $140,000 por paciente.
Al entrar en vigencia la normativa también se contempla la creación del Centro Nacional de Trasplante (CNT), que será autónomo y estará ligado y también regido por el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).