El Gobierno sigue sumando esfuerzos para saldar la deuda histórica con las familias que pagaron sus lotes y nunca recibieron las escrituras
El trabajo articulado de la Mesa de Casos Colectivos, compuesta por varias instituciones del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, continúa para garantizar que los desarrolladores parcelarios entreguen las escrituras de propiedad a las familias que ya pagaron sus lotes.
El tema de las lotificaciones había estado escondido por los gobiernos anteriores, ahora con la coordinación debida se analiza cada caso de las familias que fueron estafadas.
El Ministerio de Vivienda, el Centro Nacional de Registros (CNR), la Procuraduría General de la República (PGR), la Defensoría del Consumidor y la Fiscalía General de la República (FGR), son las entidades encargadas de atender la problemática de miles de familias.
Por ejemplo, esta semana se logró allanar el camino para romper el ciclo de 15 años de incertidumbre jurídica de 108 familias de la lotificación María Inmaculada II, de Izalco, Sonsonate, que habiendo pagado sus lotes jamás recibieron sus escrituras de propiedad por parte de la empresa Argoz. Este caso colectivo ingresa a la referida mesa de trabajo para ser revisado, plantear soluciones y brindar asesoría.
El Ministerio de Vivienda también anunció que están cerca de entregarles las escrituras de propiedad a 245 familias que fueron víctimas del fraude de la Asociación Salvadoreña de Promoción Capacitación y Desarrollo (PROCADES).
Las familias estafadas han estado luchando desde 1998, año en el que la lotificadora PROCADES cometió fraude en contra de las familias que habían pagado su terreno a través del programa de créditos de FONAVIPO, pues las lotificaciones ya tenían propietarios.
En junio 2021 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial Transitoria para la Regulación de Lotificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional, una herramienta que busca llevar bienestar y tranquilidad a miles de familias que fueron engañadas por las lotificaciones irregulares.
El Gobierno está trabajando en dar respuesta a más de 350,000 familias que han permanecido en el limbo jurídico, y que con mucho esfuerzo han logrado pagar sus lotes y sueñan con el momento de tener la escritura en sus manos.