El Gobierno y la Asamblea Legislativa promueven reformas al Código Penal para aumentar las penas por la tenencia y el uso ilegal de armas de fuego
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele, con el apoyo de la Asamblea Legislativa, promueven una iniciativa de reforma del Código Penal en la cual se aumenten las penas por la tenencia, portación, conducción o fabricación ilegal de armas de fuego en El Salvador.
El anteproyecto que plantea las reformas de ley, presentado por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, busca proteger a los grupos vulnerables y evitar que sean víctimas de delincuentes que utilizan armas de fuego.
La iniciativa de ley se fundamenta en que en el país el mayor porcentaje de homicidios es ejecutado con arma de fuego, según lo detallan las estadísticas de la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República y el Instituto de Medicina Legal.
El Código Penal vigente señala en su artículo 346 que la tenencia, portación o conducción ilícita de arma de guerra será sancionada de tres a cinco años de prisión.
Sin embargo, con la iniciativa del Gobierno del Presidente Bukele, se pide que la reforma del artículo aumente la penalidad de 10 a 15 años de prisión.
Otra de las reformas es la del artículo 346-A, que hoy castiga de tres a cinco años de prisión la fabricación, portación, tenencia o comercio ilegal de armas de fuego o explosivos artesanales. La reforma es que ese delito sea sancionado de 10 a 15 años de prisión.
La tercera reforma incluye el artículo 346-C del Código Penal y busca sancionar con entre 15 a 20 años de cárcel el empleo, desarrollo, la producción, adquisición, el almacenamiento, la conservación y la transferencia de minas antipersona.
También la entrega de armamento, municiones o los explosivos a las agrupaciones ilícitas y al crimen organizado es sancionado actualmente, según el artículo 347-A, de cinco a 16 años de prisión. Con la modificación legal se tendría una pena mínima de 10 años de prisión y máxima de 30.
Todas estas decisiones confirman el abordaje integral que está dando el Presidente Bukele a la seguridad pública, lo que incluye robustez legal para las políticas que defienden la vida de la gente y duras sanciones para los que violen la ley y pongan en riesgo a la ciudadanía.