El proyecto de reforma a la ley de pensiones busca una mayor regulación en favor de los trabajadores
La propuesta de reforma que promovió el Presidente Nayib Bukele para hacer justicia histórica en materia de pensiones tiene un importante componente de regulación efectiva, en beneficio de los usuarios del sistema.
Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) tienen la función de resguardar los ahorros de los trabajadores –que cotizan en el sistema privado– y procurar invertirlos en destinos que generen altas rentabilidades. Durante años, acumularon miles de millones de dólares en ganancias mientras los salvadoreños recibían pensiones insuficientes.
“A las AFP nunca se les reguló en el pasado y lo que menos les interesaba era lo que recibían los trabajadores. Ahora incrementamos en alrededor de un 30% lo que reciben los pensionados (La mayoría)”, dijo el titular del Ministerio de Hacienda (MH), Alejandro Zelaya.
De hecho, el actual sistema favorece que los ingresos percibidos por las AFP vayan a parar al mismo conglomerado financiero, concentrando aún más las riquezas a costa de las actividades laborales de la población.
“Las AFP van a continuar operando dentro del nuevo esquema, pero esta vez sí estarán obligadas a respetar toda la ley. Los gobiernos anteriores dejaron olvidado el sistema y esto se volvió un negocio exclusivo, cuando ellos son concesionarios públicos”, insistió el ministro Zelaya.
Dentro de la propuesta que se presentó, el Gobierno reduce la comisión de la AFP a 1 %, el seguro pasa a la Cuenta de Garantía Solidaria (fuera del conglomerado). Además, establece el Instituto Salvadoreño de Pensiones. “Regulará diariamente el trabajo de las administradoras; con esto las AFP tendrán supervisión permanente y se evitará abusos”, sentenció el funcionario.
Todos estos cambios garantizan más beneficios a los usuarios y evita tener que afectarlos, como sucedió en reformas anteriores. “El Presidente Bukele sabía desde el 2018 que debíamos hacer una reforma de pensiones que beneficiara principalmente a los cotizantes, al Estado salvadoreño y pudiera tomar en cuenta al sector privado