Empresas que no cumplieron con garantías de servicios o productos con sus clientes reintegran $10.2 millones
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele continúa protegiendo el bolsillo de los salvadoreños ante abusos cometidos por proveedores de bienes y servicios, que incumplen las garantías contenidas en los contratos comerciales, además de hacer cobros indebidos.
En lo que va del año la Defensoría del Consumidor ha recuperado $10.2 millones a favor de más de 13,000 ciudadanos, a quienes varias distribuidoras de muebles y electrodomésticos, empresas de servicios de telefonía, televisión por cable, productos financieros, y ventas de vehículos y motocicletas, no les cumplieron la garantía establecida en los contratos comerciales.
Así lo dio a conocer este jueves el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, quien detalló que los mayores montos recuperados corresponden al tema inmobiliario y servicios financieros.
“En el tema inmobiliario hemos recuperado más de $4 millones a favor de más de 1,600 familias y en servicios financieros el monto de recuperación es de $2.3 millones a favor de 2,200 consumidores, por incumplimiento de contratos”, enfatizó.
Esos montos de recuperación son producto de la atención de más de 105,000 denuncias presentadas a la Defensoría por consumidores en diferentes segmentos, explicó.
El funcionario también confirmó que el pasado lunes se lanzó el “Plan Defensoría Navideña 2022”, como un esfuerzo del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, que busca evitar abusos en contra de nuestra población.
“En anteriores festividades se han presentado temas como la publicidad engañosa, venta de producto vencido, falta de información de promociones y ofertas, y en función de esto hemos activado todo un plan que busca erradicar este tipo de situaciones” acotó.
En los primeros días del plan han llevado a cabo cerca de 80 inspecciones, a nivel nacional, de las cuales, 4 son por incumplimientos, relacionadas a falta de información de promociones y ofertas y publicidad engañosa, detalló, tras recordar que estos abusos por parte de los proveedores pueden derivar en la aplicación de multas que pueden ser hasta de 200 salarios mínimos.