En cinco meses y medio, el Gobierno ha sancionado 715 rutas del transporte público por alzas en el pasaje
El 13 de marzo, pasado, entró en vigor el paquete de medidas económicas que el Gobierno del Presidente Nayib Bukele propuso para proteger la economía de los salvadoreños ante la crisis económica mundial. Una de las medidas es evitar aumentos arbitrarios en el transporte público de pasajeros.
A esta fecha el Gobierno contabiliza 8,501 multas aplicadas al transporte público, todas relacionadas con el alza injustificada en el precio de la tarifa del pasaje a los usuarios.
Las multas las han aplicado los gestores e inspectores del Viceministerio de Transporte (VMT) y agentes de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC). El personal de la Fuerza Armada ha dado apoyo dentro del Plan Transporte Seguro, iniciado el 28 de julio pasado, para resguardar la seguridad de la población.
El Gobierno mantiene una estricta vigilancia del precio en las tarifas del pasaje en el transporte público, para evitar que los usuarios paguen más de lo autorizado, en el marco de la aplicación de estas medidas de alivio impulsadas por el Mandatario.
Durante los 5 meses y medio de vigencia de estas disposiciones, han intervenido más de 10,500 unidades, entre autobuses y microbuses, según el viceministro de Transporte, Saúl Castelar, durante controles efectuados en al menos 100 puntos. Asimismo, han abierto 61 procesos administrativos sancionatorios y retirado 182 permisos de circulación de distintas unidades del transporte de pasajeros.
Durante la aplicación del paquete antiinflación, el Gobierno ha sancionado 715 rutas, de autobuses y microbuses, el 56.4 % de las 1,100 autorizadas para brindar el servicio, efectuando hasta la fecha 91,262 actividades policiales en el afán de verificar el cumplimiento de estas. Esperan abarcar el 100 % al finalizar el año.
De un total de 562 denuncias recibidas de los usuarios, relacionadas al alza de los pliegos tarifarios, 363 han sido atendidas y 199 están en proceso. Además, hay 10 personas arrestadas y seis unidades decomisadas, 98 multas administrativas y 97 procesos de suspensión del subsidio, obteniendo un ahorro de $49,500 en las arcas del Estado.