Entre el 11 de marzo y 2 de agosto el Gobierno contabiliza más de 100,000 inspecciones en alimentos, insumos agrícolas y combustibles

Como parte del cumplimiento de las medidas ante la inflación mundial, impulsadas por el Gobierno del Presidente, Nayib Bukele, para proteger el bolsillo de los salvadoreños, la Defensoría del Consumidor (DC), y los ministerios de Agricultura y Ganadería (MAG), Economía y Hacienda han llevado a cabo más de 100,000 verificaciones a precios de la canasta básica, insumos agrícolas y combustibles.

 

Entre el 11 de marzo pasado y el 2 de agosto, la DC ha ejecutado 59,756 inspecciones en establecimientos que venden productos alimenticios de la canasta básica y 3,215 a insumos agrícolas en agroservicios, así como 82 verificaciones a importadores de dichos insumos y alimentos.

 

El MAG, por su parte, ha verificado 7,069 locales distribuidores de productos de la canasta básica alimentaria y 787 inspecciones de precios de productos agrícolas en agroservicios.

 

En el caso de los combustibles, la DC juntamente con los ministerios de Economía y Hacienda, han ejecutado 31,015 inspecciones en embarcaciones y gasolineras en todo el país, para verificar que no haya alzas por encima de los precios máximos fijados por el Gobierno.

 

Como parte de las verificaciones fueron ejecutadas190 inspecciones a tiendas mayoristas por indicios de incrementos injustificados de precios, que están en proceso de análisis, informó la DC.

 

Otros 60 casos están en investigación por alza injustificada de precios en harinas de trigo, aceites, huevos, lácteos, granos básicos e insumos agrícolas, entre otros productos, de los cuales 51 se encuentran en revisión y nueve en espera de información por parte del proveedor.

 

La Defensoría también informó que se contabilizan 155 requerimientos de información relacionada con compras, inventarios y estructura de costos a proveedores con exoneración de impuestos a la importación.

 

Además, 40 casos se han enviado al Tribunal Sancionador para que sean multados por alzas de precios no justificados, así como por obstaculizar las labores de investigación. De esta cantidad, 35 procedimientos han sido ya admitidos y cinco están en el mismo proceso.