Fuerzas de seguridad del Gobierno golpean finanzas de pandillas al decomisar 18 microbuses y ocho carros
Un duro golpe fue asestado a las pandillas terroristas con el régimen de excepción que ejecuta el Gobierno, al confiscarles 18 microbuses de la ruta 45-AB que circula entre San Salvador y Apopa, así como ocho vehículos de alquiler.
“Este día dimos un duro golpe a la estructura financiera de la pandilla 18-R. Incautamos 18 microbuses y 8 vehículos que eran usados para transporte privado, además capturamos a dos de los principales testaferros de esta pandilla”, confirmaron fuentes de la Policía.
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele, dentro de la guerra contra las pandillas, logró la captura de Élmer Cruz Marroquín, quién tenía a su cargo como testaferro o prestanombre de las pandillas, 18 microbuses de la ruta 45AB, pero que han sido comprados con dinero producto de la extorsión y registrados a su nombre.
Las investigaciones policiales y de la Fiscalía han confirmado que Élmer Cruz Marroquín entregaba parte de las ganancias a los cabecillas de esos grupos terroristas.
Asimismo, las operaciones policiales lograron determinar que ocho vehículos usados para alquiler particular, que le fueron incautados al testaferro Santos Antonio Quezada, pertenecían a la pandilla. El detenido era el encargado de administrar el alquiler de los vehículos y las ganancias eran para él y un porcentaje alto para la pandilla.
“Seguimos en la línea de desarticular toda estructura para erradicar a los terroristas, quienes en el pasado operaron sin el temor a ser perseguidos. Hoy, la historia es otra, y vamos firmes sin retroceder para ganar esta guerra contra las pandillas”, afirmó el director de la PNC, Mauricio Arriaza.
“Que los capturamos al azar dicen, no, este es el resultado de un arduo trabajo policial. Estos cómplices del terrorismo irán a prisión, no más impunidad. Seguimos en la guerra contra las pandillas”, sostuvo el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
Los terroristas no volverán a recibir ganancias provenientes de la extorsión y los prestanombres pasarán más de 30 años en la cárcel.