Gobierno del Presidente Nayib Bukele presenta decretos ante Asamblea Legislativa y ratifica compromiso para hacer frente a las obligaciones fiscales

 

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele presentó dos proyectos de ley ante la Asamblea Legislativa, “los cuales permitirán asegurar los fondos para hacer una oferta de compra transparente, pública y voluntaria a todos los tenedores de bonos de deuda soberana salvadoreña desde 2023 hasta 2025, al precio de mercado al momento de cada transacción”, de acuerdo a lo informado por el mandatario.

Dichas iniciativas fueron entregadas al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, por el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. La primera de ellas plantea la autorización al Banco Central de Reserva para el traslado en dólares equivalentes a $275 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG).

Los fondos serán trasladados a Hacienda y serán utilizados para cumplir con las obligaciones financieras del país y los compromisos internacionales, garantizando el equilibrio fiscal sin dejar de atender las necesidades de la población.

“La primera iniciativa está relacionada al uso de los Derechos Especiales de Giro, asignados por el Fondo Monetario Internacional, los cuales se pueden convertir a dólares o la moneda de giro del país”, explicó el ministro Zelaya. “Esta iniciativa configura el primer paso para nuestra estrategia de manejo de pasivos en el mediano y largo plazo, asegurando la disponibilidad de fondos para ofrecer una opción de compra anticipada a nuestros tenedores de bonos de 2023 y 2025”, manifestó.

De esta manera, el Gobierno ratifica su compromiso para hacer frente a las obligaciones fiscales, descartando las voces disonantes desde la oposición que buscan generar preocupación e incertidumbre entre la población sin eco alguno.

En la segunda propuesta, el ministro Zelaya presentó un refuerzo presupuestario gestionado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $200 millones, que reconoce las erogaciones realizadas en la ejecución de las medidas económicas para paliar el impacto de la crisis inflacionaria y proteger la economía familiar.

“Esta operación de desembolso de gasto de inversión es un reconocimiento a la buena gestión de la crisis y la efectividad de los mecanismos implementados para controlar el impacto negativo de la inflación”, completó el funcionario.