Gobierno del Presidente Nayib Bukele recupera $13.8 millones en favor de los consumidores y las familias salvadoreñas

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele presentó los resultados de la labor para proteger y garantizar el cumplimiento del los derechos de los consumidores, durante el año 2022, un informe que estuvo a cargo de la Defensoría del Consumidor.

 

“Hemos logrado posicionar la protección al consumidor como un eje central para hacer justicia”, desatacó el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar.

 

Entre los datos que destaca la Defensoría del Consumidor en su informe está la recuperación de $13.8 millones a favor de 15,674 personas consumidoras que presentaron reclamos ante la institución; además, la Defensoría da cuenta de 111,329 atenciones en consultorías a los consumidores.

 

“El Tribunal Sancionador emitió 651 resoluciones por infracciones a la Ley de Protección al Consumidor, con la imposición de multas que en conjunto ascendieron a $ 2,894,751.50”, contabilizó el titular de la Defensoría del Consumidor.

 

El 48 % del total del monto recuperado, es decir $ 6,579,096.29, corresponden a denuncias y gestiones cerradas con devolución en casos individuales a favor de 9,524 consumidores en los Centros de Solución de Controversias (CSC) de la Defensoría del Consumidor.

 

El 73.6 % de las atenciones están concentradas en cinco sectores: servicios financieros (30,556; 27.4 %), electrodomésticos y artículos del hogar (15,754; 14.3 %), telecomunicaciones (15,469; 13.9 %), servicios (13,673; 12.3 %) y energía eléctrica (6,477; 5.8 %).

 

Salazar destacó la participación de la institución en las 11 medidas ante la inflación, detallando que desarrollaron 146,185 verificaciones de precios y resaltó que como parte de las medidas, El Salvador mantiene una menor tasa de inflación en comparación con el resto de países de la región.

 

El Gobierno del Presidente Bukele seguirá trabajando para hacer cumplir las leyes y que los proveedores de productos o servicios no incurran en prácticas abusivas que perjudiquen a las familias salvadoreñas.