Gobierno desmiente que tenga más de $7,000 millones en las arcas del Estado, como pretende hacer creer el bloque de oposición en la Asamblea Legislativa
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele desmiente categóricamente que tenga a disposición más de $7,000 millones en las arcas del Estado, provenientes de créditos internacionales, CETES, LETES y otros financiamientos, como lo han señalado en un comunicado las bancadas opositoras en la Asamblea Legislativa.
El financiamiento para atender los efectos de la pandemia ha sido aprobado parcialmente por estos partidos, que aún mantienen secuestrados los fondos de varios préstamos con la banca multilateral, en una estrategia de desgaste al Gobierno y con la intención de afectar el buen manejo que ha desempeñado bajo la emergencia sanitaria.
A lo único que ha podido acceder el Gobierno, con lo que ha ratificado la Asamblea Legislativa, es a un poco más de $600 millones, de los $2,000 millones que están pendientes de asignación. Incluso, dejaron de lado los fondos para el funcionamiento del Hospital El Salvador y mantienen entrampados los destinados al rescate de la micro, pequeña y mediana empresa.
En el comunicado, firmado por las bancadas de ARENA, FMLN y Rodolfo Parker, exigen al ministerio de Hacienda pagar los salarios a empleados y diputados de ese órgano de Estado, pese a que el Gobierno propuso un refuerzo de $3.5 millones para honrar los pagos de los trabajadores legislativos, pero los partidos no han aceptado y mantienen en vilo a cientos de familias.
Ante la falta de aprobación de los instrumentos financieros internacionales, el Gobierno se ha visto en aprietos para pagar a los empleados, asesores y legisladores, algo que las mismas bancadas que mantienen su oposición irracional contra el Ejecutivo han generado, dedicándose a crear comisiones especiales para perseguir a ministros en lugar de aprobar los fondos que traerán alivio a la población y a los sectores vulnerables.
En su estrategia de desgaste al Ejecutivo, la Asamblea se está llevando de encuentro a los empleados legislativos, a quienes también utilizan de rehenes en el conflicto generado innecesariamente contra el Gobierno del Presidente Bukele.