La transparencia en el uso de los recursos municipales no ha preocupado a los diputados, pese a que la población resiente la falta de obras municipales

En los últimos tres años de gestión municipal, los fondos de que han dispuesto los alcaldes no se han traducido en obras que impacten positivamente en la ciudadanía, algo que sigue siendo una deuda conforme a lo que manifiestan los salvadoreños en las diferentes encuestas de opinión.

La fiscalización del uso que se ha hecho de los recursos recibidos del Fodes en los dos años en que no hubo pandemia, así como las transferencias de los $191 millones de dos créditos internacionales, no ha sido una materia que preocupe a los diputados ni a la misma Corte de Cuentas.

Por el contrario, el bloque opositor legislativo, interesado en que sus alcaldes reciban fondos a como dé lugar, aprobó decretos inconstitucionales con el afán de que los alcaldes puedan retrasar la rendición de cuentas del dinero que debieron utilizar para combatir el COVID-19, los desastres naturales y hacer obras de beneficio para las comunidades.

Tampoco se ha visto de parte de las bancadas legislativas el interés de crear comisiones especiales para indagar sobre qué hicieron con el dinero recibido, así como lo que recolectan en tasas e impuestos, como sí lo hacen los diputados con los ministros del Gobierno del Presidente Nayib Bukele que han hecho un uso transparente de los recursos para el combate de la pandemia y la inseguridad.

Hasta la fecha, hay casos documentados de alcaldes que se han apropiado de fondos municipales para su beneficio propio y para hacer fiestas y carnavales, en vez de trabajar por el beneficio de sus gobernados.

Asimismo, en muchas de las alcaldías que hoy exigen a gritos el Fodes persiste el deficiente servicio de recolección de basura y se han olvidado de obras de mitigación, como lo resienten los ciudadanos en los sondeos de opinión.

Contrario a esto, el Gobierno tuvo que priorizar los recursos del Estado en la atención de la pandemia para salvaguardar la salud y la vida de los salvadoreños, y no descuidó la seguridad de la población pese a la oposición de los diputados al financiamiento para las fases II y III del Plan Control Territorial.