Ley transitoria para combatir la pandemia por COVID-19, aprobada por diputados, hace prevalecer el derecho a la circulación en detrimento del derecho a la vida

La “Ley Especial Transitoria para Contener la Pandemia de COVID-19”, aprobada en octubre por los diputados de oposición, fue diseñada para que el Ministerio de Salud no pueda decretar cercos sanitarios en zonas donde hay aumento de casos de coronavirus, con lo cual hace prevalecer el derecho a la circulación de las personas en detrimento de la salud y la vida.

El Gobierno ha establecido cinco cercos sanitarios desde el inicio de la pandemia, medida que ha sido necesaria ante el alza de casos de COVID-19. La idea es evitar la diseminación del virus, para lo cual se requiere que las personas no circulen en las calles sin causa justificada en un plazo, al menos, de 48 horas. Sin embargo, esta ley limita esa posibilidad y deja inerme al Ministerio de Salud.

La normativa establece que “el funcionario, agente de autoridad o empleado público que ordene una limitación o suspensión del derecho a la libertad de circulación será sancionado con prisión de cuatro a seis años y la inhabilitación especial para el desempeño de su cargo”, además de reducir a un kilómetro cuadrado el área geográfica de la zona donde se quiere contener el virus.

La Sala de lo Constitucional resolvió este miércoles una controversia en favor de la Asamblea Legislativa, luego de que el Presidente Nayib Bukele vetara la ley por considerarla inconstitucional, pues busca reducir la capacidad del Ejecutivo y sus instituciones articuladas para contener la pandemia.

Es claro que esta normativa busca reducir las competencias del Código de Salud, que es la máxima legislación en materia sanitaria que rige la aplicación de los cercos sanitarios para evitar la propagación de los contagios, que en días recientes están llegando a un promedio de 300 diarios.

Mientras países desarrollados están volviendo a cerrar comercios y centros turísticos, los diputados del bloque Arena, Fmln y PDC siguen empeñados en dinamitar los esfuerzos realizados por el Gobierno para evitar más contagios y que la capacidad de los hospitales no colapse ante una eventual segunda ola de casos.