Mejorar las condiciones del servicio de transporte público es un proceso que el Gobierno lleva paso a paso
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele desde el inicio de su gestión mantiene un compromiso con generar bienestar a la población salvadoreña, a través de un transporte colectivo de calidad. Desde el Ejecutivo se han presentado diversas propuestas de reformas integrales a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Una de estas, para modificar la vida útil de las unidades, actualmente en la ley indica que será de 20 años, la modificación presentada es que se baje a 15 años. Con esta modernización se logrará que los salvadoreños cuenten con unidades óptimas y que no se siga poniendo en riesgo sus vidas.
Además, en diciembre del año pasado fue aprobada la Ley Transitoria para la Estabilización de Tarifas del Servicio de Transporte Público de Pasajeros tipo Colectivo y Masivo, que busca proteger los derechos de los usuarios. A partir de esta normativa los transportistas, para acceder a la compensación económica que otorga el Gobierno, deben de cumplir con una serie de requisitos orientados a modernizar el servicio y a garantizar la seguridad de los usuarios.
Entre los requisitos se encuentra la instalación de GPS, una revisión técnica vehicular y de emisión de gases cada seis meses, las unidades como los concesionarios o permisionarios deberán estar solventes del pago de esquelas por faltas de tránsito, entre otras disposiciones.
Como parte de las medidas para paliar la situación inflacionaria derivada de la pandemia por COVID-19 y el conflicto entre Rusia y Ucrania, el Gobierno ha hecho un despliegue en todo el territorio para garantizar que los usuarios del transporte colectivo paguen las tarifas establecidas por ley.
“Ya no estamos en los gobiernos de ARENA ni del FMLN donde se hacía lo que querían. Queremos trabajar con ellos, pero primero tienen que cumplir con la ley”, expresó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
Históricamente el sector del transporte público siempre estuvo acostumbrado a gozar de ciertos privilegios que les fueron otorgados por los gobiernos pasados en coordinación con las legislaturas anteriores, donde incluso algunos diputados tenían intereses particulares en el rubro.