Sala de lo Constitucional y Asamblea limitan las acciones del Gobierno del Presidente Nayib Bukele para combatir efectivamente la pandemia en 2021
Recientes resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el acuerdo ilegal entre las bancadas de oposición en la Asamblea Legislativa para aprobar el presupuesto 2021 están limitando las acciones que el Gobierno se ha propuesto implementar el próximo año para hacer un combate efectivo contra la pandemia de COVID-19.
Este miércoles, la Sala de lo Constitucional resolvió una controversia en favor del Congreso, que obliga al Presidente Nayib Bukele a sancionar el decreto 757, que contiene una ley transitoria para el combate de la pandemia, la cual resta posibilidades al Ministerio de Salud para que pueda emprender las medidas necesarias de contención del virus.
Dicha normativa, entre otros bloqueos, lo que busca es que Salud no pueda decretar cercos sanitarios, imponer cárcel para la autoridad que decida cerrar un municipio donde haya un alza de casos, así como prohibir que la Fuerza Armada participe en este tipo de acciones encaminadas a que los contagios de COVID-19 no se desborden, y participar en el acompañamiento de la entrega de paquetes alimentarios.
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Ese mismo tropiezo dirigido al Ejecutivo es el que los diputados buscan, al tomar el acuerdo para aprobar, de forma inconsulta, el presupuesto de 2021 en la madrugada de este jueves, proyecto que dista mucho de lo que propuso el Gobierno el 30 de septiembre pasado. Los legisladores de oposición recortaron importantes rubros en salud, entre ellos el financiamiento para la compra de vacunas contra el coronavirus.
Resulta contradictorio que estas bancadas estén exigiendo al Gobierno tomar acciones contra la pandemia, pero por otro lado mutilen las posibilidades de efectuar una atención sanitaria más eficaz. Así como se opusieron a las vacunas, también se han opuesto al financiamiento para importantes proyectos como el Hospital El Salvador, que ha sido clave en la atención de pacientes en estados grave y crítico.
Por el contrario, lejos de privilegiar las medidas sanitarias, el acuerdo tomado por los diputados de Arena, Fmln y Rodolfo Parker fue para destinar un refuerzo de $51.8 millones para la CSJ y $100 millones adicionales para el Fondo de Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES).