Si las empresas no cumplen con las ofertas y precios establecidos en productos, el Gobierno insta a los consumidores proceder con la denuncia
Las medidas implementadas por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele para paliar los efectos de la inflación mundial han logrado mantener bajo control los incrementos de precios en la canasta básica, el gas licuado y los combustibles, estos últimos con precios fijos establecidos desde abril.
En ese sentido y para asegurar que estas medidas se cumplan de manera efectiva, el Gobierno, a través de la Defensoría del Consumidor, efectúa diariamente jornadas de verificación en diferentes establecimientos ubicados en todo el país, para evitar la especulación de precios y los abusos a los consumidores.
Como parte del Plan Vacaciones Seguras 2022, las inspecciones se han intensificado con el objetivo de vigilar de cerca el cumplimiento de promociones y ofertas de temporada, así como precios de la canasta básica, gas y combustible. “No vamos a descansar para contribuir al alivio económico de nuestra población”, dijo el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar.
El Gobierno insta a la población a no admitir abusos de los proveedores y pide que se denuncie cualquier práctica especulativa que vayan en contra de los derechos de los consumidores. Para ello, la Defensoría ha habilitado el número 7844-1482 y el centro de llamadas 910; además, los equipos técnicos de la institución se encuentran en 20 puntos a escala nacional para atender consultas y denuncias de manera directa.
Para el Gobierno es prioridad proteger la economía de las familias salvadoreñas, por lo que mantendrá los operativos de verificación en todo el país, sobre todo en restaurantes, hoteles, centros turísticos, tiendas de conveniencia, entre otros lugares que son frecuentemente visitados por la población durante el periodo de vacaciones.
Las autoridades buscan proteger a los consumidores de cualquier abuso y la Defensoría advierte que activará los procedimientos necesarios ante el Tribunal Sancionador para multar o procesar penalmente a quien corresponda, en caso de comprobar aumentos arbitrarios o restricción de venta en cualquier establecimiento de productos de la canasta básica.