Sigue la lucha contra la corrupción del Gobierno del Presidente Bukele, una política de Estado cohesionada con la Fiscalía General 

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele se mantiene firme en el combate a la corrupción en el país. Muestra de ello es la captura de ocho exfuncionarios del gobierno del ex presidente Salvador Sánchez Cerén que habían creado una estructura para sistematizar el robo de las tiendas penitenciarias.

Entre los imputados se encuentra el exministro de Justicia y Seguridad del gobierno anterior, Mauricio Ramírez Landaverde, y el exdirector de Centros Penales, Marco Tulio Lima, quienes desarrollaron para su beneficio una estructura para desviar dinero de los comercios instalados en todas las cárceles.

Los acusados crearon la Asociación “Yo Cambio” (Asocambio), bajo el argumento que con el dinero que se generaba se promoverían programas dirigidos a la reinserción de los reclusos, algo que nunca sucedió porque los fondos económicos fueron trasladados a cuentas particulares, un claro acto de corrupción contra el pueblo salvadoreño y en detrimento de la población penitenciaria.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados, instalaron cabinas de teléfonos públicos en las cárceles y se aumentó a $300 la cantidad de dinero que un reo podía tener, lo cual generó un incremento en los delitos de extorsión en el país y favoreció el esquema de los acusados.

El dinero además fue utilizado para aumentar la dieta de los asociados y adquirir vehículos de lujo para el uso de estos exfuncionarios.

La Fiscalía acusará a los imputados por los delitos de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad ideológica.

Con estas acciones, el Gobierno del Presidente Bukele está demostrando la aspiración de que todas las instituciones trabajen para que la ley se cumpla, por lo que la corrupción debe de ser erradicada de la función pública.

Hay que recordar que los delitos de corrupción llevan al subdesarrollo de los pueblos y que esto es calificado como un crimen de  “lesa humanidad” que se mantuvo por décadas y que afectó a toda la sociedad, por lo que hoy se empuja una política de Estado para erradicarlo y procesar a todos los que lo cometieron.