La proporción de las personas que afirman haber sido víctimas de robos bajó de 35 % a 10 % en la gestión del Presidente Bukele
La incidencia de los homicidios y otros crímenes en El Salvador limitaban las posibilidades que tenían las familias para tener un mejor futuro y para contribuir al crecimiento del país.
Esto tenía un alto costo para la economía en el corto plazo y, además, obstaculizaba las inversiones que podían ser beneficiosas para el largo plazo.
Gracias a las estrategias de seguridad ciudadana que ha implementado el Gobierno, como el Plan Control Territorial, la Guerra contra las Pandillas y Transporte Seguro, ha bajado el cometimiento de crímenes en el país. Es importante recordar que, como parte de estos mismos planes en marcha, las autoridades han podido controlar por completo a los centros penitenciarios.
CID Gallup llevó a cabo un sondeo, en el que los participantes respondieron si habían sido víctimas de robo o asalto durante los últimos meses. Para el caso de El Salvador, solo el 10 % respondió que sí. El director general de la firma investigadora, Luis Haug, afirmó que hay una reducción. “La proporción de quienes decían haber sido víctimas de algún crimen (robo, asalto) bajó de 35 %, 30 %, a un 10 %”, comentó Haug.
El Salvador es donde se registró la incidencia más baja. Los países de la región como Guatemala tienen hasta 53 % de respuestas afirmativas, e incluso en Costa Rica hubo más personas que sí fueron víctimas de este delito.
Ahora que la población está más segura, pueden dedicarse a más actividades que traen beneficios a todo el país.
Por ejemplo, el Instituto Salvadoreño de Turismo reporta un aumento en el turismo interno, con 2.8 millones de personas que han acudido a los parques nacionales.
Los trabajadores del campo ahora pueden ir a las cortas de café, la zafra y al resto de terrenos para poderse ganar el sustento sin temor a que los pandilleros les impidan entrar a determinada zona.
Dirigentes empresariales han confirmado que perciben una importante disminución en las extorsiones, de manera que pueden dedicar más recursos a generar empleos.
La coordinación entre las instituciones posibilita que ocurran estos logros, pues todas trabajan por el mismo objetivo: priorizar el bienestar general de los salvadoreños, con el correcto uso de los fondos públicos y una visión de largo plazo.